En una orden que se emitió el 9 de febrero, pero que permaneció bajo reserva hasta esta semana, la juez magistrada Susan Keulen, del Tribunal del Distrito Norte de California, dictaminó que los abogados del PGA Tour pueden pedir documentos y llamar a declarar al Fondo Público de Inversiones de Arabia Saudita (PIF, por sus siglas en inglés), incluido a su gobernador Yasir Al-Rumayyan.

Cuando los abogados del PGA Tour hicieron la petición, el PIF y Al-Rumayyan argumentaron que no había ninguna corte en los Estados Unidos con jurisdicción sobre ellos y estarían blindados para suministrar información por cuanto hacen parte de un gobierno exterior, y esgrimieron además que solo eran un inversionista más detrás del circuito liderado por Greg Norman.

Sin embargo, el fallo “rechazó esos argumentos y afirmó que Al-Rumayyan y el PIF eran la ‘fuerza impulsora detrás de la fundación, financiación, supervisión y operación de LIV’ y, por lo tanto, no estaban exentos de las declaraciones del Tour”, reportó Golf.com.

El argumento de Al-Rumayyan y el PIF se basa en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, de 1976, que define el papel del sistema judicial de los EE. UU. en juicios contra naciones extranjeras y ciudadanos extranjeros. Según la FSIA, citada por The Wall Street Journal, los agentes extranjeros son inmunes a la jurisdicción de los tribunales de los EE. UU. salvo algunas excepciones, una de ellas cuando realizan actividades comerciales dentro de los EE. UU, y es en esta excepción en la que caería el PIF.

LIV hubo acusado previamente al PGA Tour de operar como un monopolio y, como tal, abusar de su poder en un intento de detener el desarrollo del tour financiado por Arabia Saudita. También dijo que el circuito estaba tratando en secreto de crear controversia al enfocarse en sus conexiones saudíes. 

Golf Digest ahora informa que se espera que LIV Golf apele la decisión, lo que podría dictaminar el fallo durante varios meses más.